Las cinco claves principales de la nueva ley vivienda

El Consejo de Ministros aprobó hace poco más de un mes el proyecto de ley de vivienda. Un nuevo marco legislativo pensado para buscar poner un freno a los precios abusivos del alquiler, incentivar la emancipación y el alquiler entre los jóvenes, y aplicar nuevas cargas fiscales a los grandes tenedores inmobiliarios que posean vivienda vacía.

Calendario de aplicación de la nueva normativa

La nueva ley de vivienda no entrará en vigor hasta el 2022. No obstante, la ejecución efectiva de algunas medidas podría retrasarse, ya que el Ejecutivo ha concedido una moratoria de 18 meses a los grandes propietarios.

• Bono joven de alquiler: una de las nuevas medidas más populares llegará, previsiblemente, sin retrasos. La apertura del plazo para la presentación de solicitudes se estima para el próximo 1 de enero de 2022. Todos los menores de 35 años que cumplan los requisitos podrán solicitar esta subvención de ayuda al alquiler.
• Se calcula que, tanto los controles de precios, como la regulación de zonas tensionadas, podrían demorar su ejecución hasta finales de 2023 o, incluso, hasta principios de 2024. La ley de vivienda considera como "zona tensionada" a aquella donde los gastos supongan más del 30 % de la renta, o donde el alquiler haya subido un 5 % por encima del IPC autonómico en los últimos cinco años.

Principales ámbitos de actuación de la ley de la vivienda

La nueva normativa ha provocado cierta polémica entre algunos sectores sociales y el inmobiliario, debido a las profundas reformas que contempla en dos grandes ámbitos:

• Por un lado, regula la actividad de los grandes propietarios de vivienda
• Controla el mercado del alquiler y blinda situaciones como los desahucios.

Para comprender estas iniciativas de la nueva ley y cómo nos pueden afectar, vamos a desgranar sus cinco puntos principales de actuación:

1. Control de precios

La nueva ley de vivienda congela los precios de zonas calificadas como tensionadas ( en las que los gastos suponen más del 30 % de la renta, o el alquiler ha subido un 5 % por encima del IPC autonómico en los últimos cinco años) para frenar la subida excesiva de los precios de alquiler.

Para ello, el Ejecutivo aplicará incentivos fiscales a los grandes propietarios que bajen el precio de las rentas. Este tipo de bonificaciones oscilarán entre un 60 y un 90% de los beneficios obtenidos por el alquiler.

2. Diferencia entre pequeños y grandes propietarios

La nueva normativa define a los grandes propietarios como todos aquellos tenedores inmobiliarios con más de 10 viviendas en propiedad, mientras que un pequeño propietario es el poseedor de hasta 10 inmuebles. Esta nueva clasificación en la ley de vivienda se realiza para imponer un control de precios, sobre todo en cuanto a los grandes propietarios se refiere.

Por otro lado, si un propietario posee más de cuatro inmuebles en propiedad y dos de ellos se mantienen vacíos durante más de dos años, será penalizado con una subida drástica del impuesto de bienes inmuebles (IBI) de hasta un 150%. Queda pendiente la definición cerrada de vivienda vacía. En principio, no se considerarán como tal las segundas y terceras residencias.

3. Bonificaciones y retirada de privilegios fiscales a los grandes tenedores de vivienda

La nueva ley de vivienda pretende, entre otras cosas, eliminar muchas de las bonificaciones fiscales de las que disfrutan los grandes propietarios hasta ahora. Así, desaparece el incentivo del 85% del que disfrutan sobre el impuesto de sociedades.

Estos beneficios fiscales se venían aplicando para aquellos propietarios que tuviesen alquiladas al menos ocho viviendas durante un periodo de tres años.

4. Ayudas al alquiler – Bono joven de alquiler

El Gobierno lanza un bono joven para fomentar el alquiler y la emancipación entre los jóvenes. Esta nueva ayuda supondrá una dotación de 250 euros al mes, y podrán solicitarse a partir del 1 de enero de 2022 en las oficinas de vivienda de las Comunidades Autónomas que adopten la nueva ley, ya que la ejecución de la medida queda en manos de ayuntamientos y comunidades.

En las Comunidades que se adscriban a la nueva normativa, todos los menores de 35 años que cobren menos de 23.375 euros brutos anuales podrán presentar su solicitud para beneficiarse de esta nueva subvención.

5. Regulación de desahucios

El Gobierno modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil para que los juzgados no puedan emitir una orden de desahucio sin disponer de un informe de los servicios sociales avalando la vulnerabilidad económica de los inquilinos. De confirmarse esta situación, el desahucio deberá paralizarse hasta que las instituciones públicas ofrezcan una alternativa habitacional para los afectados por esta grave problemática social.

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